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“Socava la confianza”: Las oscuras señales para la inversión que dejó el atentado a Rucalhue

Para el gran empresariado este "este es un ataque terrorista que afecta directamente a los trabajadores, las comunidades vecinas y el Estado de derecho".

Un golpe directamente a la confianza de los inversionistas. Eso es lo que los empresarios aluden frente al atentado incendiario perpetrado durante la madrugada del domingo contra las obras de la central hidroeléctrica Rucalhue emplazado en la Región del Biobío.

Con una inversión comprometida de US$350 millones por parte de la empresa Rucalhue Energía SpA —filial del conglomerado estatal chino China International Water & Electric Corp (CWE)—, el ataque es considerado uno de los más graves en la Macrozona Sur de las últimas décadas.

El atentado, que dejó un saldo de 47 camiones y cuatro maquinarias destruidas por el fuego, además de dos guardias heridos y personal de seguridad maniatado, fue ejecutado por al menos 12 encapuchados armados, según reportó la Policía de Investigaciones (PDI). Además de daños materiales estimados en unos $4.000 millones.

Frente a su gravedad, el Gobierno anunció que invocará por primera vez a la Ley Antiterrorista.

“Es un atentado contra la institucionalidad del Estado de Chile. Es el Estado de Chile el que se tiene que hacer cargo de esto. Esto no nos afecta solo a notros, esto es un atentado a la forma en que se desarrollan los proyectos en Chile”, sostuvo el gerente legal de la empresa afectada, Diego Vio.

Reacciones empresariales

Desde el mundo empresarial, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, calificó el atentado como “muy preocupante” y advirtió que esto se suma a una compleja permisología y un sistema tributario poco competitivo, lo que en conjunto “socavan la confianza de los inversionistas”.

En declaraciones a radio Pauta, subrayó que este tipo de hechos “más allá de los considerables daños materiales a la infraestructura, este es un ataque terrorista que afecta directamente a los trabajadores, las comunidades vecinas y el Estado de derecho, sembrando el miedo entre las personas”.

Jiménez, en una declaración pública, agregó que “hechos de este tipo no pueden tener cabida en nuestra sociedad, pues atentan contra valores y derechos fundamentales como son la libertad, la seguridad, la democracia y el emprendimiento, todos indispensables para proteger la vida y dignidad de las personas, la paz y estabilidad de nuestro país, y su desarrollo social y económico”.

La magnitud del ataque provocó también una reacción diplomática desde China. La embajada del país asiático en Santiago solicitó al Gobierno chileno “una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile”. La advertencia no pasó desapercibida en sectores exportadores.

Desde Frutas de Chile, gremio que agrupa a los exportadores frutícolas, advirtieron que este atentado -al que calificaron como “el mayor de las últimas tres décadas”- podría tener un efecto directo sobre el interés inversionista.

En un comunicado, señalaron que “esto debe ser investigado de manera exhaustiva y con celeridad, ya que no sólo perjudica las inversiones chinas en el país, sino que pone en entredicho la seguridad y nuestra imagen como destino de inversiones extranjeras“.

El gremio también respaldó la decisión del Ejecutivo de invocar la Ley Antiterrorista y sostuvo que “este ataque requiere de la máxima atención y recursos para investigar y castigar a los responsables”, remarcaron, evidenciando su inquietud respecto del clima de inversión.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) también reaccionó con dureza. Su presidente, Alfredo Echavarría, manifestó haber recibido “con profundo pesar” la noticia del atentado y señaló que “hechos de violencia como este afectan gravemente el desarrollo del país”.

En un comunicado, la CChC sostuvo que “para que Chile vuelva a crecer, es imprescindible contar con condiciones mínimas de seguridad“.

Echavarría llamó a las autoridades a “identificar, detener a los responsables tanto intelectuales como materiales para que respondan ante la ley” y expresó su solidaridad con quienes resultaron afectados por lo que calificó como un “acto criminal, que carece de toda justificación”.

Fuente: Emol.com