Este sistema ha operado sólo medio año, lo que parece un lapso insuficiente para emitir una opinión concluyente sobre su idoneidad.
EL ALZA de hasta $ 35 que se pronosticó inicialmente para el precio de la bencina motivó declaraciones de algunas autoridades del gobierno y del Congreso para promover una revisión al Sistema de Protección ante variaciones en el Precio de los Combustibles (Sipco). Se habló de que el sistema debía "ser revisado a fondo" y de que es un seguro "que no ha funcionado hasta hoy". La solución planteada por algunos parlamentarios, incluso, fue la rebaja del impuesto especial a las bencinas.
Llama la atención la premura con que se ha abordado este tema, dada la evidencia de que el precio de la bencina debía ser impactado por el alza brusca que había experimentado el tipo de cambio, que en siete días subió más de $ 40. Si bien estos sistemas de moderación de alzas y bajas en los precios de los combustibles son susceptibles de ser perfeccionados, ellos no pueden ni deben impedir que se trasladen a la población los efectos de las variaciones producidas en los precios internacionales y en el tipo de cambio. Cuando se genera un alza en el precio del petróleo o sube el tipo de cambio, se ha hecho en la práctica más caro para los chilenos consumir la bencina y el precio debe reflejarlo, por de pronto, para que esta señal desincentive el consumo de un bien más costoso para el país.
Distinto es el hecho de reconocer la conveniencia de que exista un mecanismo que atenúe el impacto de las fluctuaciones de precios, generando gradualidad en su transmisión a los precios internos y evitando que alzas o bajas puntuales o injustificadas generen perjuicios en la economía. De hecho, el aumento del precio se vería en gran medida compensado con una baja durante la próxima semana, producto de la caída experimentada por el tipo de cambio.
Precisamente, con estos fines fue creado en febrero pasado el Sipco, sobre la base de una banda de precios que permite una fluctuación de hasta un 12,5% hacia arriba y hacia abajo. Cuando se exceden esos límites, opera automáticamente un ajuste a través de una componente variable que se resta o se suma de la base del impuesto específico a los combustibles. Hasta ahora, este sistema ha significado absorber alzas con un costo para el Fisco de US$ 80 millones, los que deberían recuperarse cuando el precio se reduzca por debajo de la banda.
Este sistema ha operado sólo medio año, lo que parece un lapso insuficiente para emitir una opinión concluyente sobre su idoneidad, la que, por lo demás, fue apoyada mayoritariamente en el Congreso Nacional por muchos de los parlamentarios que ahora lo descalifican como un medio inoperante.
El anuncio de los ministros de Economía y de Energía -quienes deben coordinarse con su par de Hacienda a fin de que el gobierno presente una postura unificada- en cuanto a que este mecanismo sería objeto de revisión, es consistente con la evaluación que se debe hacer permanentemente de estos instrumentos. Aun así, debe evitarse que se transmita la imagen falsa de que éstos pueden evitar el alza de los combustibles, lo que, en el fondo, sólo se podría hacer a costa de subsidios estatales injustificados. Si se estima que la carga que impone el impuesto especial al precio de los combustibles es excesiva, lo que corresponde es analizar este tema en su mérito y sopesando los beneficios (menores precios al consumidor) y costos (menor recaudación y mayor incentivo al consumo) de una eventual rebaja.
