Autor: Leonardo Cárdenas e Ivonne Toro
Compañía define una serie de inversiones ambientales que rondarían en total US$15 millones. Sin embargo, se encuentra bajo el dilema de si anunciarlas puede significar que públicamente acepta los cargos que le imputa la autoridad ambiental.
Movido está el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). A la crisis interna provocada la formulación de cargos de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la nube tóxica en Quintero, se sumó la renuncia del vicepresidente, Gonzalo de la Carrera y su salida aún no aquieta las aguas de la mesa liderada por la abogada Loreto Silva, ex ministra de Obras Públicas del primer gobierno de Sebastián Piñera.
Al interior de la compañía insisten en que no existe responsabilidad en los hechos que imputa la autoridad ambiental y que no ocurre lo mismo con las otras empresas que conforman el cordón industrial de la zona. Más aún, al interior de la estatal miran con recelo que Gasmar, Oxiquim, GNL, Enex fueran también sometidas a sumarios por parte de la autoridad sanitaria, como reveló hoy La Tercera.
En medio de todo este proceso, hace una semana la petrolera estatal fichó a una nueva fiscal, que asumirá sus nuevas funciones el próximo 1 de octubre. Se trata de Tatiana Munro, quien hasta el 30 de septiembre se desempeñará como fiscal de Ernst & Young, firma de que es conocida por sus siglas (EY).
La abogada cuenta con 16 años de experiencia en la auditora y en su perfil laboral de LinkedIn destaca sus "10 años de experiencia en derecho penal concursal como abogado Fiscalía Nacional de Quiebras (1991-2001)".
"Para EY es un orgullo que nuestros profesionales sean valorados por el mercado y sobre todo por nuestros clientes. Confiamos en que Tatiana seguirá aportando a construir un mejor mundo laboral desde su nuevo rol y le deseamos el mayor de los éxitos", señalaron desde EY Chile.
Hoy a cargo de la gerencia legal y de manera interina se encuentra Marcelo Rodríguez, tras la salida de Nicolás García.
"La ley de gobierno corporativo de ENAP establece que el Directorio nombra al gerente general de la empresa. Además, la mesa directiva también nomina a los gerentes de Compliance y de Auditoría Interna para garantizar un control eficiente de la administración en esas materias. El resto de los ejecutivos de primera línea son de dependencia directa del gerente general, como es el caso de la mayoría de las empresas. La nueva Gerenta Corporativa Legal de Enap, se integra a la compañía el 1 de octubre, luego de un proceso de búsqueda a cargo de una empresa de headhunting, siendo seleccionada por su vasta experiencia en grandes compañías", sostuvo la compañía ante la consulta de La Tercera PM.
Se trata de un cargo clave en medio de la crisis y que deberá coordinar directamente con el directorio la estrategia legal que llevará adelante la compañía frente a la arremetida de la autoridad ambiental. De hecho, el tema no es nada menor, si se considera que Enap arriesga en un escenario hipotético hasta la pérdida de su permiso ambiental para la operación de su filial Enap Refinerías (S.A).
Por otro lado, trascendió que con su llegada habría más cambios en Enap. Y es que el abogado de cabecera en materia de conflictos ambientales de la estatal es Juan José Eyzaguirre, socio de PPU, no ha sido contactado para asumir la defensa del caso frente a la arremetida de la autoridad ambiental, según distintas fuentes consultadas.
A la fecha el experto en litigios lleva adelante la defensa de la petrolera estatal del histórico juicio por reparación de pescadores y mariscadores de la bahía de Quintero en el Tribunal Ambiental de Santiago, que hoy se encuentra suspendido en busca de una conciliación, pero que el actual escenario lo haría más complejo.
"La estrategia para responder a la formulación de cargos del pasado miércoles de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) está siendo analizada por nuestro equipo técnico y legal", añadió Enap.
En materia penal, es Juan Domingo Acosta –que fue socio del ministro de Defensa, Alberto Espina, y que durante la primera administración de Piñera asesoró a Interior – quien revisa qué se dice y qué no en medio de la crisis de Quintero-Puchuncaví. Lo hace con propiedad: cualquier iniciativa mediática de Enap para dar su versión tras la decisión de la SMA de formular cargos en contra de la compañía está supeditada, por orden de la presidenta del directorio, Loreto Silva, a la estrategia jurídica. Se ha decidido, por ejemplo, no dar entrevistas para no adelantar cuáles será la respuesta de la entidad. El comunicado público en que se rechazaron las imputaciones de la Superintendencia a la compañía sólo se emitió tras su visto bueno.
La voz de Acosta será nuevamente primordial. La idea es cerrar esta jornada la contratación de un experto ambientalista –Eyzaguirre no ha sido contactado aun- y, con eso, completar el equipo con que Enap pasará a la ofensiva en la esta crisis. Todas las empresas que operan en la llamada zona de sacrificio están fichando profesionales con el mismo objetivo. En el caso de Enap, la contratación es más lenta porque deben, al ser una entidad pública, revisar distintas ofertas.
Altas fuentes de Enap señalan que el directorio ha estado coordinado de forma presencial y telefónica para determinar los pasos a seguir. La reunión de hoy, que al cierre de esta edición está en desarrollo, es clave. Lo prioritario es desacreditar técnicamente el Informe emitido esta semana por la SMA y que en sus conclusiones establece que Enap podría ser potencialmente responsable de los episodios de intoxicación. Según comentan en la estatal, esa visión responde a una decisión política de respaldar la versión original entregada por la ministra Carolina Schmidt respecto de la responsabilidad de Enap. "Eso va a quedar en evidencia cuando se revise qué elementos podrían estar vinculados a la reacción física que tuvo la población y cuáles de ellos están o no presentes en las faenas de la empresa", aseguran.
Silva propone plan de mejoras
A través del chat de WhatsApp en el cual los directores de Enap comentaban la decisión de la SMA, la noche del miércoles su presidenta tanteó la posibilidad de llevar adelante un plan que considere inversiones de mejoras ambientales. La estrategia, apuntaría entonces a defender a la compañía, pero al mismo tiempo evitar que la defensa signifique un problema mayor con La Moneda. En la conversación se evaluó llevar adelante un plan de unos US$15 millones de inversión, pero su discusión radica en que anunciarlo puede ser interpretado como una "delación compensada", lo cual dejaría a la compañía como aceptando los términos y aceptando finalmente que cometió las infracciones que imputa la SMA. Según comentan fuentes del directorio, en un principio todos estuvieron de acuerdo con la idea. Solo cuando De la Carrera renunció, dijo que le quitaba su respaldo también a esa inciativa.
